El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se alista para implementar en 2026 una de las políticas migratorias más agresivas en la historia reciente del país, respaldada por miles de millones de dólares en nuevos fondos federales, que permitirán ampliar redadas, centros de detención y deportaciones, incluso en lugares de trabajo clave para la economía, a pesar del creciente rechazo social y político rumbo a las elecciones de mitad de mandato del próximo año.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha desplegado agentes federales de inmigración en las principales ciudades estadounidenses, donde han recorrido barrios residenciales y protagonizado enfrentamientos con comunidades locales. Aunque en 2025 se realizaron algunas redadas de alto perfil, el gobierno evitó en gran medida intervenir en granjas, fábricas y empresas estratégicas, sectores que dependen históricamente de mano de obra inmigrante sin estatus legal.
El panorama cambiará de forma radical tras la aprobación, en julio, de un paquete de gasto masivo por parte del Congreso controlado por los republicanos, que asigna 170 mil millones de dólares adicionales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza hasta septiembre de 2029.
Esta cifra representa un aumento sin precedentes frente a los presupuestos anuales actuales de aproximadamente 19 mil millones de dólares, y permitirá a la administración contratar a miles de nuevos agentes, abrir centros de detención adicionales, incrementar arrestos en cárceles locales y subcontratar empresas privadas para localizar a inmigrantes sin estatus legal.
